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Las 18 cuentas de Veras Godoy y la lista del Departamento del Tesoro

El 20 de mayo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, recibió un oficio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para informarle que el gobierno de ese país se encontraba realizando una investigación sobre “algunas personas” que “se cree” están involucradas “en alguna manera” con una organización criminal con operaciones en México.

A través del Agregado Regional en México y Centroamérica del Internal Revenue Service-Criminal Investigation, la administración trumpista identificó a nueve personas involucradas en el esquema advertido, por medio de transferencias financieras internacionales: una de ellas, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quién también funge como legislador local por Morena, Humberto Augusto Veras Godoy.

Sin más detalles que los expuestos, el funcionario estadounidense solicitó a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantener o efectuar el bloqueo de cuentas bancarios de los sujetos enlistados. Un proceso similar había ocurrido un año atrás con el ente educativo, al que desde febrero de 2019 no se le permite acceder a cuentas con valor estimado en 151 millones de dólares.

Un día después el médico cirujano entró a la lista de personas bloqueadas por la UIF, instancia que emitió el oficio 110/F/B/3091/2020 para que el 22 de mayo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores congelada 18 cuentas bancarias, entre inversiones, de nómina, crédito y cheques, en Banorte, Santander, BBVA Bancomer y American Express, según la versión pública de la solicitud de amparo que el 12 de junio de 2020 interpuso el exrector, misma que resultó improcedente y fue sobreseida por una juez en Hidalgo.

A partir de ahí, lo acontecido subsecuentemente es de conocimiento público: su líder político, la cabeza de Grupo Universidad, Grupo Sosa, la Sosa Nostra o como se guste identificar a la sociedad que ha controlado la UAEH por más de tres décadas, Gerardo Sosa Castelán, fue detenido el 31 de agosto, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 58 millones de pesos.

La caída del poderoso expresidente del Patronato Universitario, quien en su fase como cabeza de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo ya tenía metafacultades concedidas por el Revolucionario Institucional (PRI) para –por ejemplo– poner noveles alcaldes, género que su círculo cercano, entre sus hermanos Damián y Agustín (secretario general de la institución educativa), el rector Adolfo Pontigo Loyola, el propio Veras Godoy y un puño de funcionario universitario de mediano perfil en la estructura sosista promovieran una ola de amparos, todos en busca de evitar la acción de una orden de aprehensión o detención.

Ahora toca al magistrado José Guadalupe Sánchez, del Segundo Tribunal Colegiado en Hidalgo, dictar sentencia al recursos de amparo en revisión que interpuso el diputado morenista, quien también está involucrando en el intento de Grupo Universidad por apoderarse de ejido para vinicultura en Valle de Guadalupe, Baja California, donde el médico cuenta con una constancia de vecindad.

De las valoraciones al actuar de la UIF, resulta extraña la amplía aprobación que posee cuando se trata de actos contra perfiles vínculados a Sosa Castelán, pero que una vez que las indagatorias alcanzan a empresarios constructores convertidos en políticos(o viceversa) se transfiguren en “campaña de persecución”.

Gerardo Ávila
Gerardo Ávila
Fotoreportero de revista Acrópolis

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