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Liberan a policías de Progreso vinculados a caso Beatriz; obtienen suspensión condicional

Al acceder a un criterio de oportunidad, los siete policías municipales de Progreso Obregón acusados de no haber cumplido con su deber de cuidado de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, quien se suicidó en la zona de retención del ayuntamiento el 9 de junio tras haber sido detenida por un incidente vial, fueron liberados la noche del 30 de septiembre.

Los elementos locales deberán pagar los gastos a la Cruz Roja por la atención brindada a la víctima, reparar económicamente el daño y emitir una disculpa pública. Tras aceptar la responsabilidad que les imputó la autoridad judicial, recibieron la suspensión condicional del proceso.

Dicho criterio es una salida alterna para que la persona inculpada o imputada termine su proceso penal, siempre que cumpla con un plan de reparación del daño y condiciones, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. De no hacerlo, serán sujetos de volver a prisión.

Asimismo, el Poder Judicial estatal determinó que el ayuntamiento deberá equipar con material para desarrollar sus funciones a los agentes locales, dotar a la corporación policial de salario suficiente, adecuar las instalaciones de Seguridad Pública y contar con personal suficiente, entre otras disposiciones.

Los policías liberados tendrán que sujetarse a las medidas cautelares consisten en radicar en el domicilio proporcionado al juez, no acudir a la vivienda de las víctimas indirectas y testigos, así como no cometer actos de intimidación en su contra y no salir del estado sin autorización judicial.

Los elementos policiacos, entre ellos la directora de la institución, fueron vinculados a proceso la madrugada del 17 de junio, por lo que estuvieron en reclusión más de cuatro meses.

En primera instancia fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) acusados por el delito de feminicidio, pero tras la presentación de videos del área de la barandilla local, en los que se demostró que hubo un suicidio, se reconfiguró el delito a homicidio culposo por la omisión de preservar la vida de la galena, de 29 años de edad. Ese proceso fue sobreseído.

El mismo día, los agentes también fueron imputados, en otro proceso, por el delito de incumplimiento del deber legal, del cual recibieron la suspensión condicional del proceso.

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