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A puerta cerrada, audiencias de alcaldes detenidos por Estafa Siniestra

El Ministerio Público solicitó que las audiencias iniciales de los cuatro alcaldes detenidos este miércoles acusados de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, relacionados con la llamada Estafa Siniestra, se lleven a cabo de manera privada, exceptuando de el principio de máxima publicidad.

La primera en empezar fue la del edil de Huautla, Felipe Juárez Ramírez, del extinto Encuentro Social (PESH), a las 19.24 horas del miércoles en la sala siete de los juzgados de Pachuca.

Posteriormente, comenzó la del priista Fidel Arce Santander, de Epazoyucan, y la de su correligionario de Yahualica, Elías Sanjuán Sánchez, en las salas cinco y cuatro, respectivamente.

A las 21:40 horas inició la última audiencia, la del morenista Luis Enrique Cadena, en la sala seis.

Para pedir la excepción de la máxima publicidad que deben tener las audiencias, la representación social argumentó que dar a conocer los datos de prueba podría en riesgo las líneas de investigación, pues se expondrán nombre de presuntos involucrados y datos bancarios; además, aseveró que personal del ayuntamiento podría destruir o modificar documentos.

En los cuatro casos los jueces de control concedieron decretar como privadas las audiencias, con base en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

DE QUÉ LOS ACUSA LA PGJH

De acuerdo con le encargado de la PGJH, Santiago Nieto Castillo, Epazoyucan recibió 14 millones 215 mil 780 pesos para la rehabilitación de caminos, pero el edil lo utilizó para el arrendamiento de maquinaria. La empresa involucrada en el gasto erogada es GCIC SA de CV, con domicilio fiscal en Oaxaca, presuntamente una firma fachada.

En el caso de Huahutla, se indaga el uso indebido de 26 millones 615 mil 780 de pesos para la rehabilitación de caminos y adquisición de insumos para el Covid-19, también con empresas de papel: TX SA de CV y GCC SA de CV, con proceso similar que el primero: sin autorización del Cabildo. Además. no se encontró evidencia de la reparación de vías de comunicación.

Sobre la indagatoria en Nopala, el monto presuntamente desviado es de71 millones 960 mil 890 pesos. De ellos, 22 millones 610 mil 890 pesos se autorizaron para arrendamiento de maquinaria para rehabilitación de caminos rurales y carreteras, mientras que 49 millones 350 mil pesos para limpieza y fumigación de una presa para el control de la proliferación de la larva de la mosca culex.

Nieto Castillo dijo que de los servicios contratados a GCIC SA de CV y BMC SA de CV se pudo concluir, a través de análisis periciales, entrevistas e inspecciones, que no llevaron a cabo los trabajos.

En Yahualica, la probable distracción de recursos asciende a 29 millones 224 mil 727.39: 15 millones de pesos para adquirir un sistema integral de apoyo que permite coadyuvar a buen desempeño de los recursos, bajo contrato con AD SA de CV, y 14 millones 224 mil 727.36 pesos para fumigación y arcos sanitizantes, con dos personas físicas. 

Nuevamente se trata de un adjudicación directa (a empresas fachada) que no pasa por el ayuntamiento”, expuso.

El encargado de la PGJH afirmó que el ministerio público solicitará a los jueces la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los cuatro alcaldes.

Las autoridades estatales prevén el ofrecimiento de un criterio de oportunidad a los detenidos si estos ayudan a esclarecer una delito mayor al que se les imputa. El encargado de la PGJH dijo que pretende llegar «hasta las últimas consecuencias».

El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, aseveró que la «prioridad» es recuperar el dinero.

DatoAcro

  • Nieto Castillo dijo que están en proceso de integración las carpetas de investigación de los otros nueve municipios involucrados en la presunta red de corrupción.
  • El peculado se castiga hasta con 14 años de cárcel y se suma hasta un tercio más por agravantes.
  •  El uso ilícito de atribuciones alcanza los ocho años de prisión.
Gerardo Ávila
Gerardo Ávila
Fotoreportero de revista Acrópolis

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