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Se tambalea el Estado de Derecho en México: World Justice Project

Imagen: Especial

Por Sandra Uribe

Durante los últimos años en México hemos visto casos emblemáticos respecto a la corrupción, la impunidad y la violencia; somos un país con instituciones disfuncionales y existe una desconfianza ciudadana generaliza respecto a la justicia y el manejo del poder.

En efecto, México se encuentra dentro del rango de países peor evaluados en el Índice de Estado de Derecho realizado por la organización no gubernamental World Justice Project que nos coloca en la posición 92 de 113 naciones por debajo de países como Vietnam, Irán y el Salvador.

En el puntaje respecto a los países latinoamericanos el panorama no mejora puesto que México aparece en la posición 25, solo por arriba de países como Guatemala y Honduras. De acuerdo al ingreso, la organización sitúa a México en el grupo medio junto con 35 países; respecto a los cuales nos colocamos como la nación 34 en el índice del Estado de Derecho.

El informe valora 45 indicadores ubicados en 8 rubros principales: corrupción, límites del poder gubernamental, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Con el mismo esquema de preguntas y opiniones World Justice Project, entrevista a 110 mil ciudadanos y 3 mil expertos en cada uno de los países para medir su percepción respecto a cada uno de los indicadores evaluados.

De 2014 a la fecha la evaluación del Estado de Derecho en México cayó de la posición 79 a la 92, y a pesar de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, nuestro país se encuentra actualmente en la posición 105 en el indicador de impartición de justicia, cayendo dos sitios respecto a la medición realizada en 2016.

Además, la organización evalúa severamente la impartición de justicia debido a las deficiencias en las investigaciones, la corrupción y los tiempos de respuesta en los procesos; determina que el sistema ha fracasado en garantizar la no discriminación a grupos vulnerables entre los que destacan las mujeres y la población indígena. En tiempo de efectividad y denuncia, así como en la existencia de corrupción, los indicadores se colocan con 0.29; mientras que respecto a si existe o no discriminación el indicador es de apenas 28.

Estos números respecto a los fallos del sistema en cuanto a procuración de justicia, se reflejan en casos emblemáticos en el país. Jacinta, Alberta y Teresa, mujeres otomíes que estuvieron presas por su presunta responsabilidad en un caso de secuestro y a quienes que 10 años después, el entonces Procurador Raúl Cervantes, pidió una disculpa pública reconociendo su inocencia.
En materia de Derechos humanos, los bajos niveles indican que el sistema está fracasando en su labor indispensable de garantizar la vida y la seguridad de los mexicanos con un resultado de apenas 0.25, y es que en México durante 2017 las autoridades dieron cuenta de más de 25,000 homicidios dolosos.

Solamente en el rubro de gobierno abierto México se sitúa por encima de la media con un 0.6, sin embargo, este incluye la medición del derecho a la información, en el que organizaciones internacionales han señalado a la administración actual por su presunta adquisición del malware “Pegasus”, con el que periodistas y activistas mexicanos fueron interferidos durante 2017.

Anabel Hernández, la periodista mexicana que ha documentado el caso de los 43 estudiantes desaparecidos durante el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero; sentenció en su libro La noche de Iguala, que aquella noche “habían desaparecido 43 estudiantes y con ellos, el Estado de Derecho en México”; El informe 2017 de World Justice Project, demuestra en efecto que el Estado de Derecho mexicano, atraviesa una tremenda crisis y en efecto se está tambaleando.

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