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¿Proteger o criminalizar a la infancia? Seguridad en las escuelas de Hidalgo

El 18 de enero pasado, un alumno de Monterrey atentó contra la vida de su maestra y tres compañeros de grupo, acto que activó las alarmas de la Secretaría de Educación Pública, Seguridad Pública y gobierno de la República.
Ante este panorama, Acrópolis investigó los programas de seguridad y prevención del delito en las escuelas públicas de Hidalgo, las estrategias que implementa la SEPH y las exigencias de organizaciones civiles.

Mochila Segura

En el estado, el operativo Mochila Segura fue suspendido temporalmente debido a las exigencias de padres de familia, quienes argumentaron que estas prácticas violentaban los derechos humanos de niños y adolescentes.
De acuerdo con Rafael Castelán Martínez, coordinador de vinculación y fortalecimiento institucional de la organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), estas medidas naturalizan la violencia, criminalizan a la infancia y atentan el derecho a la intimidad.
“Estaríamos pensando que un niño puede ser un delincuente y estaríamos modificando las leyes para que se le castigue como tal, hay una idea de criminalización a la infancia”, declara.
El artículo 13 fracciones VIII, XV y XVII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo establece el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, por lo que el derecho a la participación y a la intimidad entran en conflicto con la implementación de dichas estrategias.
Por otro lado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió en febrero un boletín de prensa para declarar que en este conflicto de derechos, primero deben protegerse los valores superiores, anteponiendo la protección de la vida antes que el derecho a la intimidad.
Ismael Aguillón León, profesor investigador del área académica de trabajo social en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), sustenta que no existe ninguna violación de derechos al implementar los programas, ya que son una mediad de seguridad para el bienestar del alumnado.
“La revisión no tiene nada que ver con la violación de derechos humanos, puesto que no los están denigrando… los padres de familia deben entender que es cosa totalmente diferente la prevención a la violación de derechos humanos”, explica.

Postura SEPH

El delegado de la SEP en Hidalgo, Raimundo Ordoñez Meneses declara en entrevista exclusiva para Acrópolis, que el operativo Mochila Segura es organizado por la CDHEH, los padres de familia y la Procuraduría General de Justicia estatal.
“Lo más importante es velar por la seguridad de los niños y las niñas, sobre todo cuidar sus derechos humanos, es importante que no haya ninguna agresión lamentable durante los operativos”, indicó y recordó que la atención de los padres de familia en el hogar es primordial.
No obstante, Seinnac apunta que autoridades pueden usar detectores de metal, rayos X o unidades caninas que no interfieran con el espacio personal y privado de los alumnos, como medida de seguridad dentro de las instituciones, propuesta que la comisión de educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo lanzó como sugerencia a la SEPH.

Uso de armas

Ordoñez recordó que hace un par de años, la dependencia ocupó la unidad canina para detectar armas de uso exclusivo del Ejército, pero en el estado no existen programas enfocados a la portación de armas de fuego y/o blancas dentro de las instituciones.
Para Rafael Castelán el problema es más profundo, ya que no existen protocolos de actuación claros sobre el futuro de los alumnos cuando les encuentran armas: “parece que las autoridades, principalmente las de Hidalgo que son relativamente nuevas, no han comprendido de fondo la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y nuestra ley estatal, recurren a percepciones que ya están acabadas”.
De acuerdo con el representante de Seiinac, el gobierno estatal debería recurrir a la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para articular políticas públicas eficaces en cada dependencia y coordinar las acciones de las secretarías con injerencia en el tema.
“No existen políticas públicas a largo plazo, lo que hacemos son programas emergentes por algo que sucedió en otro espacio, realmente no estamos previendo políticas integrales que resuelvan el problema de raíz”, enfatiza.

¿Y el presupuesto?

Durante un evento organizado por Coparmex, la profesora Sofía Muños Villegas, coordinadora de la comisión de educación dentro del organismo, declaró que no existe presupuesto para contratar psicólogos que atiendan a los alumnos, por lo que los maestros deben sustituir este papel.
Sin embargo, en los últimos meses, autoridades han develado desvíos de fondos en la SEPH que ponen en duda el destino de los recursos federales que recibe.
“Creo que si pudieron destinar 7 millones de pesos a cuestiones fantasmas, deben tener recursos para contratar a un psicólogo”, precisa Ismael Aguillón León, quien propone incorporar a la plantilla básica de las instituciones educativas públicas y privadas la figura del trabajador social, quien se especializa en la atención psicológica, social, familiar, económica y del ambiente que rodea al individuo.
Rafael Castelán asegura que existe el recurso público para estos servicios, pero “la mayor parte del presupuesto termina en el pago de salarios a funcionarios dentro de la secretaría”.
Ordoñez Meneses establece que el presupuesto para la entidad dentro del programa nacional de convivencia escolar 2016 a inicios de ese año fiscal fue de 350 mil pesos para 751 escuelas y al concluir el año se recaudaron 700 mil pesos.
“Si el problema es el dinero entonces no han buscado estrategias… creo que opciones hay muchas, es cuestión de hacerlas y entre menos corrupción más dinero habría”, menciona el catedrático Aguillón.
Mientras que Seiinac sugiere establecer de forma oficial las oficinas de protección de los derechos de infancia municipal que marca la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, en su artículo 134, ya que de acuerdo con el organismo civil, no existe registro de estas en la entidad.
Hasta el cierre de esta edición, la dirección del Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar y el departamento de comunicación social de la SEPH no han contestado a nuestras solicitudes de entrevista para conocer a fondo el posicionamiento y el plan de acción de la actual administración con el fin de evitar actos de violencia con armas de fuego y/o armas blancas.

Presupuesto
Hasta 2015, se ejercieron mil 800 millones de pesos en el operativo Mochila Segura

Sin parámetros
La Auditoría Superior de la Federación informó que en 2013, la SEP no estableció los parámetros que el programa Escuela Segura mejoraría en la seguridad de los 53 mil 787 planteles incorporados

Sin manual de protocolo
En el estado no existe un manual de protocolo para detectar armas de fuego y/o blancas en escuelas

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