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Los huecos de la Ley para la Protección a Periodistas

La vigente Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mecanismo federal que defiende el oficio de captación y distribución de información y las atribuciones inalienables de la Constitución, fue publicada, con su respectivo ingreso en funciones, en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, mes postrero a la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.
Esta herramienta implementa y opera “medidas de prevención y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”, como desglosa el primer artículo de la ley aducida.
Para el desempeño de estas medidas es indispensable la creación, sino simultánea sí supeditada, a reglamentos y protocolos de ejecución, desarrollados por personas experimentadas en la labor informativa para su posterior cercanía al Poder Legislativo y, a su vez, implementar reformas o anexar artículos a esta ley; en Hidalgo este eje, añadido a la definición explícita de “periodista” más que al punto toral de protección, fueron cuestiones de debate y premura.

Borrador y ambigüedad para Hidalgo

Directores de prensa, periodistas, así como personas defensoras de derechos humanos se sumaron en 2010 a la tarea de bocetar los reglamentos a que estaría sujeta la ley de protección para el estado; sin embargo, ante el apremio del entonces gobernador hidalguense Francisco Olvera Ruiz, tales ordenaciones fueron entregadas en esbozos y sin concretar, coincidieron en entrevistas recíprocas para Acrópolis, Jorge Romero, director del periódico El Independiente de Hidalgo, y Elsa Ángeles, periodista investigadora.
A este acuciamiento fue sumado el debate interino “¿quién sí y quién no es periodista?”, cuestión con resolutivo propuesto que fuese el Poder Ejecutivo quien determinara, mediante credencialización, a las personas oficiantes del periodismo, acreditación que permitiría el acceso a convocatorias informativas de instancias gubernamentales que, con precariedad, pueden decretarse como públicas o privadas.
Tal resolutivo quedó establecido en el artículo 15 de la ley de protección caso Hidalgo: “se facilitará el acceso a la persona periodista o la colaboradora periodística debidamente acreditadas a todos los edificios e instalaciones públicas, salvo que por cuestiones de horario o seguridad, la autoridad competente determine lo contrario. No podrá impedirse la toma de imágenes de estos lugares, salvo que así se disponga por razones de seguridad, defensa del Estado o conservación y preservación de aquellos que constituyan patrimonio histórico estatal”, sin que afectara el ajuste de los reglamentos bosquejados.

Actuación de la fiscalía, un caso

El caso más reciente de agresión e impedimento del libre ejercicio del periodismo registrado por Acrópolis, donde entró en actuación la ley de protección, acaeció antes de Semana Santa; en el centro de la capital hidalguense, la labor de un periodista (quien solicitó confidencialidad de identidad) de diario municipal fue obstaculizada por personas que realizaban juegos de azar en vía pública.
Al percatar la documentación, las personas involucradas intimidaron verbal y físicamente al periodista; el incidente derivó en denuncia, el 11 de abril, ante la fiscalía para atención de delitos contra la libre expresión; ahí, relató para Acrópolis el periodista involucrado, si bien recibió prioridad para atender el caso “fueron necesarias tres horas de exámenes psicológicos”, para dar veracidad a su querella.
Tras presentación y levantamiento de denuncia, la fiscalía visitó el 3 de mayo al periodista para informar el gradual desarrollo y, ante la dificultad en reunión de pruebas, la falta eminente de sanción a los agresores.
Aunque en este o cualquier caso, de encontrarse la culpabilidad de los imputados, la Ley de Protección a Periodistas en Hidalgo no especifica sanciones o penalidades para resarcir el daño, por lo que este hueco es completado por el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Agresiones
Datos del informe “Estado de censura”, realizado por Artículo 19, revelan que durante el sexenio de Felipe Calderón se documentaron mil 92 agresiones a periodistas

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