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Ingresan iniciativa para sancionar a servidores que entorpezcan la justicia

El diputado de Morena, José Luis Muñoz Soto, propuso una iniciativa para reformar el Código Penal Estatal, para castigar a aquellos servidores que comentan el delito de violencia institucional en prejuicio de los ciudadanos.

Cuando obstaculicen el acceso a la justicia, no proporcionen un trato digno a las personas o no asuman la responsabilidad del servicio que tienen encomendado, entre otras cosas, los servidores deben ser castigados, dijo.

Detalló que el goce de los derechos humanos es para todas las personas, tal como lo establece la Constitución Política del Estado de Hidalgo, sin embargo, mencionó que de acuerdo con los medios de comunicación destacan en esta materia diversas recomendaciones para la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, debido a la obstrucción de la satisfacción del derecho humano a la salud para mujeres embarazadas, por citar un ejemplo.

Muñoz Soto, en su exposición de motivos, señaló que la existencia de una regulación sobre la violencia institucional tanto a nivel federal como local es loable, pero es necesario resaltar que ha sido poco atendida, y no se cuenta con información sobre este fenómeno, lo que limita la argumentación estadística.

Dijo que no obstante que se reconoce a la violencia institucional como un problema real dentro de las instituciones públicas en la entidad, de acuerdo con denuncias en medios de comunicación, es necesario hacer la regulación correspondiente para la procuración y tutela de los derechos humanos.

Añadió que la legislación en general contempla de manera particular a las mujeres para este tipo de protección, a lo cual no se contrapone esta iniciativa, ya que más bien suma cuando observa que se está dejando en estado de indefensión a los demás sectores de la población, por lo cual, se considera necesario ampliar la protección de los derechos humanos a cualquier persona que sufra violencia institucional dentro del Código Penal Local.

“Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”

Indicó que la fracción IV del Artículo VII manifiesta que los servidores públicos deben dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

Destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que se es víctima de violencia institucional: “Cuando has presentado una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia, o has sido despojada(o) injustamente de tus derechos y las instituciones no te han proporcionado un trato digno de calidad y calidez, e incluso cuando las autoridades (Servidores Públicos) han tolerado la vulneración de derechos o han participado en complicidad con tu agresor”.

Asimismo dijo, que establece que quienes pueden cometer violencia institucional son todos los servidores públicos, por ejemplo: Policías, servidores en el Ministerio Público, los jueces y los magistrados de tribunales, o cualquier otro agente de autoridad por acciones u omisiones que violenten tus derechos y/o atenten contra la dignidad e integridad personal y familiar.

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