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Gaseoducto Tuxpan-Tula amenaza Acaxochitlán y Tulancingo

Nathali González

Habitantes de algunos municipios de Hidalgo no se explican cómo la construcción de un ramal de gaseoducto para dotar de combustible a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los obligará a ceder parte de sus tierras y vivir en alerta ante los riesgos que el proyecto representa.

En noviembre de 2015, la CFE anunció por medio de comunicado, que la Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S de RL, filial de la empresa TransCanada, ganó la licitación para prestar el servicio de transporte de gas natural en el gaseoducto Tuxpan-Tula.

La empresa TransCanada será la propietaria de este gaseoducto, quien ganó el contrato por presentar la tarifa más baja para transportar la capacidad de gas solicitada, durante una vida útil de 25 años.
CFE presupuestó para este proyecto 445 millones 626 mil dólares y la oferta de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca fue de 297 millones 196 mil 554 dólares.

De acuerdo con el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019, la licitación de este plan fue instruida por la Secretaría de Energía a la CFE, con la finalidad de suministrar gas natural a las nuevas centrales de generación que se planea instalar en la zona centro, a las que operan con combustóleo y las que serán reconvertidas para utilizar gas natural.
El gasoducto Tula-Tuxpan atravesará tres municipios veracruzanos, siete poblanos y 13 hidalguenses, transportará 886 millones de pies cúbicos diarios, con un diámetro de 36 pulgadas y una longitud aproximada de 264 kilómetros.

Dotará gas natural proveniente del sur de Texas para satisfacer los requerimientos en las centrales de generación de la CFE ubicadas en Veracruz, Puebla e Hidalgo, también en las regiones centro y occidente del país. La operación comercial está programada para diciembre de 2017.

En Acaxochitlán temen ecocidio y contaminación de presa

La empresa especializada en la instalación de tubos para transportar gas TransCanada, a su vez sub contrató a BONATTI SPA, compañía italiana que desde hace cuatro meses instaló un campamento de construcción para un gaseoducto, en los límites de Zacacuautla, Acaxochitlán, hecho que alertó a la población.

Los habitantes temen que la construcción represente un ecocidio, ya que Zacacuautla es una zona de bosque, donde corren riesgo las plantas y animales endémicos de las localidades San Miguel del Resgate y Cumbre de Santa Catarina.

“Es necesario un espacio de 25 metros porque debe estar escombrado de ambos lados para las maniobras, con una longitud de 10 kilómetros, lo que representaría deforestar 25 metros de monte”, explicó una de las activistas defensoras del medio ambiente más representativas de Acaxochitlán, la presidenta de la organización civil Kuautlalli, Filiberta Nevado Templos.

Otro miembro de esta organización, José Trinidad Templos advirtió que la presa de Santa Anta Tzacuala que comparte con la comunidad Zacacuautla, será utilizada para el gaseoducto, “los ingenieros están explorando dónde se conectarán para aprovechar el agua, sin duda también afectará esta reserva de los pueblos, una agua muy limpia aprovechada como una zona de pesca”.

El pago a los ejidatarios

Sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), registrada bajo el número de expediente 30VE2015X0049, TransCanada inició los trabajos del gaseoducto en territorio hidalguense.

En Tulancingo, la empresa negocia con los ejidatarios. En este municipio, algunas zonas que atravesaría el ducto serían La Lagunilla, Jaltepec, ejido Santa María Asunción, Cebolletas y Santa Ana Hueytlalpan, además del terreno de la Universidad Politécnica de Tulancingo, en la zona de Huapalcalco.

En Santa María Asunción, los ejidatarios están decididos a evitar su instalación, “es una bomba de tiempo para nosotros, representa un grave peligro para los que vivimos aquí, no lo permitiremos”, advirtió el delegado Demetrio González Barrón.

“Nos quieren comprar 30 pesos el metro de nuestras parcelas. Dicen que podemos seguir siendo dueños, pero no sembrar, solo cultivar plantas de raíz chica, pero no fincar ni nada. La empresa nos dijo que si no permitimos la introducción del gaseoducto, expropiará de todas maneras, pero la gente ya dijo que no lo permitirá.”

Con ejidatarios de La Lagunilla la compañía logró una negociación, los miembros recibieron una compensación de 5 millones de pesos por la instalación del gaseoducto a través de sus tierras. La instalación atravesará mil metros lineales en este territorio.

En Tenango es lucha de mujeres

Alma Antonio Gumencindo y la señora Angélica Valentín Benito fueron las mujeres designadas por el delegado vecinal como intérpretes de la lengua otomí para la empresa TransCanada, en la comunidad Santa Mónica, Tenango de Doria, donde atravesará el gasoducto.

“Pero no llegamos a la traducción porque nos dimos cuenta de lo que un gaseoducto representa para nuestra comunidad, buscamos información en Internet, movimos a más mujeres, nosotras somos quienes más estamos luchando por evitarlo porque los hombres no apoyan, es la primera vez en la historia del pueblo que las mujeres se involucran”, señaló Alma, alumna de la Universidad Cultural del Estado de Hidalgo.

Santa Mónica y San Nicolás se organizan con diversas acciones para que Hidalgo y Puebla integren un frente contra el gaseoducto. Sin embargo, para las mujeres de Tenango la lucha contra TransCanada es todavía mayor, “es lo triple, aparte de que somos indígenas, somos mujeres y en donde vivimos hay mucho machismo”.

Derecho de los pueblos indígenas

Para las comunidades indígenas de Hidalgo (en este caso Tenango y Acaxochitlán) el gobierno violentó su derecho a ser escuchados antes de asignar cualquier obra que modifique su entorno. Mantienen el reclamo constante de no ser considerados de manera previa, libre e informada sobre la construcción del gaseoducto, como establece el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, firmado por el gobierno mexicano en 1990.

Los municipios tienen la última palabra

Aunque los pueblos indígenas serían una oportunidad de frenar la instalación del gaseoducto, en los hechos el derecho a la consulta fue violado desde que se definió el Plan Nacional de Desarrollo, indicó Octavio Rosas Landa, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y miembro del consejo de representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

“La línea principal inmediata para que las comunidades detengan el gaseoducto, son las autoridades municipales, porque es una atribución exclusiva de los ayuntamientos, la autorización del cambio de uso de suelo”, advirtió el académico de la UNAM.

Por el momento la instalación de este gaseoducto avanza, pero Hidalgo y Puebla mantienen una esperanza al saber que existen casos exitosos de pueblos originarios que con amparos han revocado concesiones a poderosas corporaciones.

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