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¿Dónde está la profesora Mirna?

La presente historia no es distinta de muchas otras. Podría decirse, incluso, que los elementos que la componen se acreditan en el paisaje noticioso habitual. Corrupción, desvío de fondos públicos, pleitos judiciales y el largo y conocido etcétera que condimenta los entretelones de la vida pública en México. Es más, la crónica aquí narrada podría pasar por un calca de otra similar, pero, por sus alcances, mucho más amplia.

La Maestra

Elba Esther Gordillo Morales tiene para el imaginario colectivo mexicano la indeleble marca de la corrupción pública. Fue, para la revista Forbes, el personaje más corrupto de 2013. Su nombre evoca los pasajes más tristes, las horas más bajas de la vida política. Aliada plenipotenciaria de presidentes, a los que encumbró y sostuvo; verdugo de otras carreras políticas, tan largas como la suya; usufructuaria de la influencia que su imbatible liderazgo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) le procuró, la Maestra fue amiga del poder, del que se sirvió y al que cultivó con sus propias e implacables reglas. Las mismas reglas que la llevaron, andando al tiempo, a intercambiar su lujoso departamento en la colonia Polanco –valuado en 9 millones de pesos al 2013–, en la Ciudad de México, por una celda en el Reclusorio Femenil de Tepepan.
Fue tal el poder de Gordillo que, derivado de su proceso de independencia política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –al que se enfrentó en el 2000–, fundó el suyo propio: Nueva Alianza (Panal). Instituto político satélite, apéndice del PRI, y comparsa de sus periplos electorales.
De ese partido, el Panal, Mirna García López fue consejera política nacional y municipal.

Toda comparación es odiosa

Los vínculos entre Gordillo y García López, más que orgánicos son figurativos; van más allá de la militancia de la segunda en el partido fundado por la poderosa exdirigente de la SNTE. El paralelismo entre ambas personajes sería hábilmente utilizado y explotado para fraguar la demolición pública, mediática, de la lideresa hidalguense.
García López abrevó, como Gordillo, del poder, de su ejercicio y de los beneficios que trae aparejados. Como muchos otros que al poder asisten. Y, como a otros muchos que el poder abandona, el sino de la inquina, en este caso judicial, selló su camino.
La aprehensión de Gordillo, fresca aún en la memoria, serviría para dotar de un contexto referencial a la caída de Mirna García López.
Profesora en Educación Primaria por el Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez –cédula profesional 0549660–, García López escaló gradualmente en el escalafón sindical del SNTE, desde sus modestos inicios como secretaria delegacional, hasta alcanzar la secretaría general de la Sección 15 –radicada en Hidalgo– de diciembre de 2007 a diciembre de 2011, cuando fue relevada en el puesto por Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo.
La salida de García López de la dirigencia sindical coincidió con la iniciativa política presidencial de reformar, de fondo, la estructura administrativa del magisterio nacional. reforma educativa, le llamaron. En los primeros escarceos de su promoción se cifró el enfrentamiento directo entre el gobierno federal y la cúpula sindical del SNTE, encabezada por Gordillo Morales.
“No podemos permitir la amenaza, la coerción. A los maestros no se les amenaza, a los maestros no se les dice ‘si no cumples, se te hace daño’; a los maestros se les exhorta, se les invita a ser mejores y se les estimula”, tronó la Maestra en diciembre de 2012, al socializarse las reglas a implementar para la evaluación del magisterio.
En el marco de esa resistencia a la implementación de la reforma educativa –que acabó, al menos para Gordillo Morales, en su detención y encarcelamiento–, líderes partidistas y sindicales en Hidalgo ubicaron el escarnio sobre Mirna García López.

Acusada

El 19 de julio de 2014, Mario Alfredo Téllez González –apoderado legal del SNTE– presentó un escrito de querella “por hechos posiblemente constitutivos del delito de fraude y lo que resulte cometidos en agravio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”; todo ello quedó consignado en la averiguación previa 12/DAP/R/III/1895/2014, de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Casi un mes después, el 10 de agosto de 2014, el juez en materia penal del distrito judicial de Pachuca, Víctor Juárez determinó el ejercicio de la acción penal contra Mirna García López, por su “probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado cometido en agravio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, asentado en el oficio 110/subdir/2014.
Esta sería la primera “reclasificación” que tendría lugar en el cauce judicial de García López. Se trata de una constante, casi una metodología, que pauta su paso por los tribunales hidalguenses. Cada que el delito del que era acusada era desechado por una u otra razón, o cancelado por la intervención de las autoridades federales –como ocurrió a través de un amparo–, un nuevo latrocinio salía de la chistera del aparato de justicia estatal.
Así pues, Mirna García López fue aprehendida por elementos de la coordinación de investigación el 12 de agosto, por presuntamente haber hurtado 123 millones 928 mil 265 pesos, mediante la emisión de 109 cheques. La fianza para la otrora dirigente fue fijada en 215 millones de pesos, 123 millones 928 mil 265 pesos –como reparación del daño– y una multa de 91 millones 71 mil 735 pesos.
García López pasaría más de un año en el Centro de Reinserción Social de Pachuca. El 23 de septiembre fue liberada, luego de que un juez federal ordenara su puesta en libertad por medio del juicio de amparo 398/2015-III, interpuesto por la defensa de la profesora contra el delito de “abuso de confianza”.
Sin embargo, la ocasión de esta reclasificación tendría el inconfundible olor de la ironía. O, atendiendo a la elocuencia del poder cuando de algo quiere dejar constancia, de un mensaje. En el documento que acreditaba la insubsistencia del “robo agravado” –el segundo delito–, un nuevo crimen le era imputado: “abuso de confianza”.
“PRIMERO.- Con esta fecha –se lee en el folio judicial referido- (01 Primero de Abril del año 2015, dos mil quince) y siendo las 19:00 diecinueve horas, se deja insubsistente y sin efectos el (ilegible) de plazo constitucional de fecha 18 de dieciocho de agosto del año 2014, dos mil catorce, por el cual se le decreto auto de formal prisión a MIRNA GARCÍA LÓPEZ como probable responsable en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO (…)
SEGUNDO.- Así mismo con esta misma fecha (…), en los autos del proceso penal 130/14 se decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de MIRNA GARCÍA LÓPEZ, en la comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA (sic)”.
Del delito anterior, García López no ha rendido cuentas. Desde mayo se encuentra prófuga.

¿De dónde viene la inquina?

“El fondo de la detención de Mirna y el fondo de la difamación, no solamente hoy sino de algunos años, es un fondo político, que han buscado con esa satanización hacia los maestros”, atajó en julio de 2016 Fernando Flores Pérez, exdirigente estatal del Panal.
Del comité ejecutivo estatal del SNTE, encabezado, entonces, por Sinuhé Ramírez Oviedo –quien dejó la secretaría general en marzo del presente año–, Flores Pérez afirmó: “persigue a los maestros, los intimida y les ha dado la espalda, porque los maestros no estamos a favor de esa reforma –la educativa–. El SNTE sí está a favor de esta reforma, sobre todo la Sección 15 espuria, pues desde diciembre de 2015 debió salir tras concluir su periodo estatutario”.
Las versiones que sostienen que el inusitado celo judicial volcado sobre García López tiene un planteamiento meramente político no son pocas. Elementos suficientes hay para así presumirlo. Por ejemplo, el involucramiento, por lo menos declarativo, del exgobernador Francisco Olvera.
En julio de 2014 –el mismo mes en que la profesora García López comenzaría su vereda por la justicia estatal– el entonces mandatario declaró a El Sol de Hidalgo su opinión respecto a la auditoría que la Sección XV, entonces a cargo de Sinuhé Ramírez, realizaba para “clarificar” el uso de recursos durante el periodo de gestión que le antecedió.
“Si la auditoría a la Sección 15 del SNTE revela que hay malversación por el gobierno estatal, ¿podría iniciarse una denuncia contra responsables?”, pregunta el reportero, a lo que Olvera responde: “no, porque no tenemos evidencia de ello. Nosotros se los dimos a la dirigencia, si la dirigencia acredita que los empleó bien, es suficiente”.
Poco más de un año después, el criterio jurídico del titular del Ejecutivo cambió. El amparo concedido por la justicia federal a García López terminó por convencerlo de negar su postura originaria. Así, pues, de su presumible imparcialidad, pasó a activo polemista de la decisión jurisdiccional.
Aunque, al menos, se cuidó de arrogarse personalmente la decisión de solicitar la revisión del amparo, determinación que descargó en su procurador, Alejandro Straffon Ortiz. Mas, se sabe, el gobernador –en Hidalgo y en todo el país– concurre en las decisiones más importantes del órgano de administración de justicia. No se mandan solos.
“El procurador ha comentado que ve demasiado oficioso el otorgamiento del amparo, los argumentos son bastante débiles por lo que pedirá la revisión; el procurador ha decidido pedir también ante el Consejo de la Judicatura Federal que se revise la conducta del juez porque creemos que es demasiado oficiosa la forma en la que dictó su resolución”, atajó.
De las frecuentes referencias a las motivaciones “políticas” para proceder contra la exlideresa sindical, el priista se cuidó, también, de argumentar el carácter “gremial”, interno, del proceso judicial, dejando al margen su administración de la querella legal. “Esto, reitero, es un asunto que presenta la denuncia directamente el sindicato por un desfalco que considera que hay en contra de esta organización gremial, el Ministerio Público en su momento determinó que lo había, por eso consignó la averiguación; para nosotros no es un asunto más que estrictamente jurídico”.
No obstante, asumir la “tesis política” como pretexto único para la animosidad institucional y política contra la exsecretaria general de la SNTE en Hidalgo es, por decir lo menos, limitado.
Tras los nubarrones mediáticos y las ventoleras políticas, el foco de las pesquisas se ha distraído del elemento definitorio en esta historia: el dinero.
¿Quién firmó los 109 cheques que, en la cadena de acontecimientos, parecen olvidados? ¿Quién se benefició de su cobro? ¿Qué se compró con los recursos obtenidos? ¿Qué se hizo con los bienes y servicios recibidos? ¿Quién gana? ¿Quién pierde?

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