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Huachicol, incómoda herencia

Además de un estado con la mitad de su población en situación de pobreza y en condiciones de subdesarrollo, la persona que el próximo 5 de septiembre asuma la gubernatura de Hidalgo heredará el grave problema del robo de hidrocarburo.

Desde hace cuatro años, la entidad encabeza el vergonzoso primer lugar en la incidencia de huachicoleo en el país. Ni las fallidas estrategias provenientes de la federación ni la incipiente colaboración de las autoridades locales y del estado han frenado ni disminuido este delito. La realidad la sostienen las cifras oficiales.

Desde el sexenio pasado –cuando este delito que cada año deja una sangría a las finanzas de Pemex tomó notoriedad en la entidad–, seguido del actual, las acciones de la administración estatal han sido insuficientes, con todo y el millonario gasto en tecnología.

La bonanza de la extracción y tráfico de hidrocarburo en Hidalgo no se entendería sin la complicidad de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, desde las policías locales, el eslabón más frágil y fácil de cooptar, así como la estatal, hasta la Guardia Nacional e incluso el Ejército. Gobiernos municipales y sus titulares, incluso, han sido señalados como facilitadores de esta fructífera actividad ilícita.

En regiones como Cuautepec y Tula, donde se focaliza el hurto de combustible a la empresa productiva del Estado,
en el periodo de gobierno que está por fenecer hemos visto con preocupación el surgimiento de grupos criminales, que obtienen y comercian el huachicol, que han extendido sus actividades delincuenciales al secuestro, la extorsión y la venta de drogas. Las ejecuciones entre grupos rivales también son parte de su estela de muerte.

Además, comunidades olvidadas se han convertido en pueblos huachicoleros, en donde la extracción ilícita de las gasolinas tiene base social y se vive de ella.

A más de la mitad de la campaña por la gubernatura, aún no hemos escuchado de ninguno de los cuatro aspirantes a encabezar el Poder Ejecutivo una propuesta clara, nítida, desmenuzada, para el combate de este delito, que si bien su persecución es del orden federal, requiere de la intervención de las autoridades estatales para prevenirlo, combatirlo y frenarlo.

Sin duda la colaboración con el gobierno de México será fundamental para hacer frente al huachicoleo, pero también romper con la cadena de complicidades –junto a la social– en las corporaciones responsables de la seguridad ciudadana y los gobiernos en cualquiera de sus órdenes.

Esperemos que en lo que resta del periodo de propaganda electoral quienes buscan tomar las rienda de Hidalgo por los próximos seis años se pronuncien con contundencia sobre su planteamiento para enfrentar esta actividad que no solo extrae los recursos de la nación, sino que también deja muerte y anida otros delitos que dañan a la sociedad.

Gerardo Ávila
Gerardo Ávila
Fotoreportero de revista Acrópolis

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