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Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Infancia sesiona en Pachuca.

La XXX Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Infancia que tuvo como sede Pachuca será el marco para abordar temas de inclusión e igualdad sustantiva de niños, niñas y adolescentes, así lo señaló Yolanda Tellería Beltrán, presidenta municipal de Pachuca.

Ante la presencia de alcaldes y titulares de los Sistemas DIF de 109 municipios provenientes de 21 estados de la República Mexicana, mencionó que esta Asamblea tiene como finalidad realizar un intercambio de estrategias bajo un enfoque de derechos que mejoren las condiciones de vida de la infancia.

En su oportunidad, Paola Rodríguez Pérez, titular del Sistema DIF municipal de Saltillo refirió que la idea es que los participantes se capaciten y aprendan buenas prácticas de algunos de los municipios y que a su vez sé repliquen en sus ciudades en beneficio de la infancia.

Reveló que el maltrato infantil es el derecho más vulnerado de la infancia, por lo que buscarán incidir con estrategias para erradicar esta práctica que afecta a los menores, además dijo que otros de los derechos que se vulneran es el acceso a la salud, a una buena alimentación y a una vivienda digna.

Puntualizó que es necesario unir esfuerzos para blindar a los niños de 0 a 5 años, pues dijo que si logran satisfacer todas sus necesidades primarias se tendrán mejores ciudadanos.

Urgió implementar políticas públicas a partir de cada uno de los municipios con una visión estructural e integral para que se logren los objetivos planteados en beneficio de la primera infancia y la adolescencia.

En tanto, Paola Ludlow Tellería, presidenta del Sistema DIF municipal destacó que en esta administración han enfocado políticas públicas enfocadas a la inclusión social para eliminar las barreras que existen en la sociedad.

Durante dos días, los más de 300 asistentes participarán en talleres de protocolos de sensibilización para la atención de personas con discapacidad, prevención desde la educación sexual  y aprovechamiento del presupuesto público para el desarrollo de programas con perspectiva de Derechos y de Inclusión.

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