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Urgente aprobar reformas para erradicar violencia política de género antes de elecciones: Corina

 

Corina Martínez, Diputada de Morena refirió que urge aprobar las reformas para erradicar la violencia política, en razón de género en la entidad.

“Es urgente discutir, analizar y en su caso aprobar las disposiciones en materia, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que no se puedan aplicar para la elección 2021” dijo.

Mencionó que hasta ahora 13 Congresos estatales, entre ellos, Hidalgo, no han aprobado las reformas tendientes a evitar la violencia política de género.

Indicó que es momento ponerle un alto a este tipo de violencia que no solamente vulnera los derechos “por los que las mujeres hemos luchado por mucho tiempo”, sino también afecta el ejercicio de la democracia en todo el país.

Corina Martínez, integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo, subrayó la necesidad de que las y los diputados hidalguenses contribuyan con hechos a erradicar y castigar la violencia política de género mediante la aprobación de la legislación en la materia, antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, pues de lo contrario se complicaría posteriormente.

Añadió que las legisladoras locales hidalguenses, independientemente de su ideología partidista, deben unirse para impulsar los cambios legislativos mencionados, a fin de que “podamos hacer uso de estas disposiciones” que permitirán poner un alto a la violencia política contra las mujeres, cuyos derechos democráticos han sido vulnerados por muchos años por la falta de una legislación que erradique y sancione esa práctica que transgrede los derechos de las mujeres.

Cabe mencionar que la violencia política, en razón de género, es toda acción u omisión, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.

La violencia política contra las mujeres puede expresarse al restringir o anular su derecho al voto libre y secreto, obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones, impedir su registro como candidatas, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género, entre otras prácticas.

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