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Especial 8M |Víctimas de violencia de género ponen en evidencia las fallas del sistema de justicia hidalguense.

Durante la histórica marcha del ocho de marzo en Hidalgo, en la que cientos de mujeres se unieron en un grito para exigir el cese de la violencia de género, familiares de víctimas de violencia mortal y violencia sexual, pusieron en evidencia a diversas instituciones hidalguenses por su falta de sensibilidad y de capacidad para atender los casos.

El caso de una jovencita que denunció que fue víctima de violencia sexual en la escuela Elise Freinet, puso en evidencia que los acosadores son protegidos también por las instituciones educativas, pues su madre aseguró que son las mismas mujeres que desempeñan un papel de autoridad en la escuela, quienes han encubierto al agresor y asegurando que su hija esta mintiendo.

Otro caso que se dio a conocer en la explanada de Plaza Juárez, fue el de dos hermanas que fueron violentadas sexualmente por hombres adultos en diversos espacios; aunque los casos son distintos, la madre contó que al ingresar las denuncias correspondientes en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMH) las psicólogas se burlaban de sus hijas y del resto de víctimas que llegaban a pedir ayuda.

Su hija de 12 años, era acosada y hostigada por un profesor de educación física que le pedía que fuera su novia y la abrazaba sin su consentimiento; mientras que su hija mayor fue víctima de un intento de violación cuando cursaba el quinto semestre en Prepa 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

En ambos casos, las carpetas de investigación que se encuentran en el CJMH por casi dos años, no han evolucionado y los dos hombres que agredieron sexualmente a sus hijas, siguen gozando de libertad.

Casos más complejos, como el de Sandra Pérez y Carla Donají, ambas desaparecidas en el estado de Hidalgo durante 2019, permanecen en la congeladora y de acuerdo a la hermana y la madre de las víctimas, respectivamente, las autoridades no han dado una respuesta sobre el paradero de sus hijas.

En el caso de Sandra Pérez, su hermana Carolina, aseguró que hay testigos de que su expareja golpeó y encajueló asu hermana el pasado 15 de diciembre de 2019, sin embargo las autoridades aun no giran la orden de aprehensión.

La incapacidad de las instituciones para sancionar la violencia de género se pone más en entre dicho al escuchar los casos de Carla Sacnité y de Sara Abigail Salinas Sandoval, víctimas mortales de la violencia por razones de género.

En el caso de Carla, mujer de 35 años originaria de Mixquiahuala asesinada el 13 de diciembre en Ciudad de México, su hermana contó que el agresor fue su expareja sentimental, el exdirector de seguridad aérea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sin embargo a más de tres meses del asesinato, las autoridades capitalinas no han señalado ni siquiera como presunto culpable al agresor.

Igual de grave es el caso de Sara Abigail, quien fuera asesinada el pasado 25 de agosto en el municipio de Zempoala al interior de su domicilio, por un hombre 15 años mayor que ella con quien tuvo una relación sentimental de más de cinco años.

La madre, Claudia Sandoval denunció diversas irregularidades en la investigación, que comenzaron cuando los ministerios públicos revicitimizaron a Sara e insinuaron a los padres que su hija se había quitado la vida.

Otra irregularidad que detectaron es que al momento del peritaje en el domicilio de la familia, en donde la jovencita de 22 años fue hallada desnuda, sin vida y con una bolsa en la cara para simular un suicidio, los especialistas no utilizaron bolsas plásticas en las suelas, ni resguardaron una botella de vodka que forma parte de la evidencia clave.

La madre aseguró que después medio año del asesinato de su hija, el celular de Sara sigue sin ser analizado y ni siquiera se ha solicitado una orden del juez para poder proceder en esa materia.

Además señalaron que las autoridades del C5i argumentaron que la cámara más cercana al domicilio de Sara no funcionaba el día del asesinato y fueron omisos para entregar las grabaciones de las más de 13 cámaras que se encuentran desde la salida de Pachuca a la entrada de Zempoala.

“Estas torres del C5 de videovigilancia son un truco de simulación del lienciado Omar Fayad, él dijo en 2014 que puso en marcha esta estrategia de seguridad y yo le pregunto, ¿seguridad para quién? ¿solamente para los poderosos?  la llaman herramienta de monitoreo de ultima generación y yo digo ¿a quién monitorean?  porque para la clase común y corriente no lo es”, dijo su madre.

 

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