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Documenta CDHEH 851 casos de violencia o victimización contra menores

Desde el segundo semestre del 2014, hasta mediados de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) recabó un total 851 posibles casos de violencia o victimización contra niñas, niños y adolescentes (NNAs); en su mayoría, las víctimas fueron hombres de entre seis y 15 años de edad.

De acuerdo con la solicitud de información con folio 00584621, desde el 24 de junio de 2014 el organismo recaba datos sobre violencia y victimización contra NNAs; 2016 fue el año con más registros con un total de 277, seguido de 2017 con 223, 2018 con 145, 2019 con 124, 2020 con 48, 2021 con 20, 2015 con 11 y 2014 con dos.

Las cifras revelan que 309 de las víctimas fueron mujeres y 541 hombres; en el caso de niñas y adolescentes mujeres, las edades de mayor incidencia fueron de los 10 a los 14 años, principalmente por violaciones a los derechos de las infancias, así como el derecho a recibir una educación libre de violencia y en igualdad y trato de condiciones.

En tanto, las estadísticas dan cuenta de 541 casos donde niños y adolescentes hombres se vieron violentados o victimizados, sobre todo en edades de seis a 15 años; al igual que las mujeres, principalmente por violaciones a los derechos de las infancias, así como por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad, derecho a una educación libre de violencia, uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública y negativa o inadecuada prestación del mismo.

No obstante, cabe señalar que en 113 casos de hombres y 20 de mujeres, la edad no fue especificada o fue clasificada como cero, por violaciones a derechos como “del imputado a recibir información”, “a no ser sometidos a trabajo forzado u obligatorio” y “a la seguridad e higiene en el trabajo”, entre otros.

Entre otras posibles violaciones contra menores de edad, la CDHEH documentó también afectaciones al derecho a la gratuidad de la educación de niñas, niños y adolescentes, a la protección contra toda forma de violencia, a no ser discriminados, a no ser sometido a violencia institucional y a recibir asesoría para la defensa de sus intereses.

Asimismo, un total de 78 expedientes fueron por afectaciones al derecho a recibir educación de calidad de los infantes, así como en igualdad de trato y de condiciones, mientras que 14 fueron por violaciones a su derecho de acceso a la justicia, entre otras.

Si bien, el organismo dio cuenta de los datos que recaba sobre posibles violaciones a los derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisó que esta no se encuentra desagregada en las modalidades que contempla la Ley General de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y sus homólogas a nivel estatal.

Además, indicó que no existe un manual, documento o lineamiento que describa o identifique qué tipo de información se recaba, únicamente señaló que, “dentro del sistema informático con el que cuenta este organismo, se recaba cierta información que permite identificar hechos relevantes de cada queja, incluidas las iniciadas en agravio de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Sin embargo, manifestó que sí cuenta con un sistema de orientaciones y quejas en las que se hace el registro de atenciones brindadas al público y, cuando se detecta un tema sobre violencia de género, se realiza el llenado de un formato en el que se recaban datos necesarios para realizar el registro ante el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). Destacó que el último realizado fue el 5 de agosto 2021; no obstante, la institución coordinadora del BANAVIM en Hidalgo es el Instituto Hidalguense de las Mujeres.

 

Halla CNDH irregularidades en sanciones de centros de internamiento para adolescentes y realiza recomendaciones para casos de desaparición

 

En diciembre de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el “Informe Especial Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Diagnóstico y propuestas para su protección y garantía”, el cual tiene como objetivo ofrecer un panorama general del estado que guarda el cumplimiento y garantía de los derechos de las personas menores de 18 años en el país.

En el caso de Hidalgo, el documento dio cuenta que persisten irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias en el centro de tratamiento interno para adolescentes, ya que al igual que en otros seis estados, se aplicaban correctivos que no respetaron el derecho de audiencia; además, no se elaboró alguna resolución o se notificó sobre la duración de los mismos.

Por otra parte, se detectó que al menos en 16 centros el personal no contaba con especialización e insuficiencia de capacitación en materia de derechos humanos, y/o carecían conocimientos para el desempeño de su trabajo.

Por cuanto hace a la desaparición de niñas, niños y adolescentes, el estudio detalla que, hasta el 14 de septiembre de 2021, en México existían 12 mil 490 menores de edad desaparecidos, según información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Para el caso de la entidad, hasta el 14 de diciembre de este año existía un reporte de 157 personas menores de edad no localizadas o desaparecidas; la mayoría, equivalente al 71 por ciento de los casos, corresponde a mujeres, mientras que el 28.2 por ciento a hombres, principalmente originarios de Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca.

Con relación a esta problemática, la CNDH recomendó generar mecanismos para supervisar la correcta aplicación del Protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes para evitar dilaciones en la búsqueda de quienes se reporten como desaparecidos.

Así como supervisar que en todos los casos de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes se realizan inmediatamente las diligencias de búsqueda urgentes, especialmente, las relativas a la geolocalización de celulares y petición de grabaciones de cámaras de videovigilancia.

Lo anterior, toda vez que “en el capítulo V del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este organismo señala al Estado mexicano que persiste la ausencia de un registro consolidado oficial de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en algunos estados, impidiendo evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar las políticas apropiadas”.

Asimismo, indicó que “parte de la crisis humanitaria en torno a la desaparición de personas en el Estado incluye la falta de una metodología que distinga las desapariciones forzadas, de las atribuidas a particulares o miembros de la delincuencia organizada, así como de aquellas en las que se desconoce el paradero de la persona por causas distintas a la comisión de un delito, que permita hacer la distinción por género.

En conclusión, la Comisión advirtió que es necesario redoblar esfuerzos para que “ninguna persona menor de 18 años se quede atrás”, defender los presupuestos públicos destinados a la niñez y exigir su incremento; crear estrategias integrales para su reincorporación segura al entorno escolar y recuperar a quienes quedaron fuera de la escuela.

De la misma forma, desplegar programas para la recuperación económica de las familias para combatir la pobreza; garantizar el acceso y calidad a servicios de salud, medicamentos, tratamientos y, especialmente, atención a la salud mental; intensificar las acciones de prevención y atención de las violencias en su contra garantizando que ante escenarios de crisis, los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes, incluyendo las autoridades de procuración e impartición de justicia, operen ininterrumpidamente y cuenten con el personal y recursos suficientes, entre otras precisiones.

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