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Diputados de Morena buscan que el Ejecutivo sea susceptible de desafuero.

Diputados de Morena, buscan reformar la Constitución política del estado, para que la figura del gobernador local, pueda ser desaforada y obtenga altas sanciones como la destitución o inhabilitación de cargo y hasta 20 año de presión, en caso de violentar intereses públicos.

Los diputados de Morena, Doralicia Martínez, Lucero Ambrosio y Armando Quintanar, presentaron una iniciativa, que reformaría la constitución local para incluir al Ejecutivo como sujeto de juicio político.

Para tal efecto, se reformaría el artículo 150 de la Constitución Política estatal, cabe señalar que el documento presentado, también propone la sanción que se impondrá mediante juicio político que implica la destitución del servidor público.

También podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza o forma de contratación en el servicio público, desde uno hasta 20 años.

Los diputados, detallaron que el 18 de septiembre de 2017, la entidad hidalguense, suprimió de forma definitiva el fuero constitucional, por lo cual, en la actualidad, todo servidor público responde por la comisión de delitos del fuero común en términos de la legislación penal vigente.

Lo anterior sin gozar de inmunidad procesal que le otorgue privilegios o prerrogativas en materia jurídica.

“En un acto de congruencia con el reclamo social y entendiendo que no existe justificación alguna para excluir al gobernador en esta iniciativa se propone incluir al gobernador como sujeto susceptible de responsabilidad política”, mencionaron.

Los legisladores, explicaron que la responsabilidad política, explicaron, es aquella que deriva cuando los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, incurren en actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho.

“A cada uno de los congresos estatales corresponde emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”, dijeron.

Como referencia, los diputados citaron la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual prevé en su artículo 71 que toda persona que ocupa un cargo de elección popular será sujeto de juicio político por violaciones graves a la Constitución local y a las leyes que de ella emanan, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos de la Ciudad de México.

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