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Revoca juez decisión de no ejercer acción penal Vs titular del Inhide

Por falta de sustento, el juez José Daniel Montaño Olvera revocó la decisión del Ministerio Publicó de no ejercer acción penal contra la titular del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), Fátima Baños Pérez, y dos entrenadores, en la denuncia por discriminación contra Ángel Daniel, menor con Síndrome de Down a quien en agosto de 2018 no se le permitió nadar en clase ordinarias en el Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento.

En audiencia de control judicial realizada este día en la sala IV de los juzgados de oralidad de Pachuca, el juzgador señaló que la representación social no presentó información suficiente respecto de que no existió dolo por parte de los servidores al excluir al infante del deporte inclusivo, lo que no se puede establecer con los datos aportados. Con ello pretendió acreditar su decisión de no perseguir judicialmente a los servidores públicos.

La determinación del ministerio público fue secundada por Arturo Flores Molina, subprocurador de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).

Montaño Olvera otorgó diez día hábiles para que el representante social analice y determine cuál fue la intención objetiva para que las autoridades del deporte impidieran al menor tomar clases ordinarias y mandarlo al grupo especial. De no acreditarse, deberá ejercer acción penal, dijo.

Asimismo, el juez ordenó al representante social indagar si hay probable responsabilidad de los funcionarios señalados de discriminación, si hubo omisión en su actuar o si el mismo estuvo justificado. Asimismo, si la víctima dejó de ir a clases por por decisión de sus padres, por el actuar de las autoridades o por la segregación que acusan.

Además de Baños Pérez, Baños Pérez, la entrenadora Miriam Andrea Sainos Muñoz y coordinador de entrenador Gustavo Trinidad Martínez Mendoza, del entonces Centro Estatal de Alto Rendimiento (CEAR), forman parte de la acusación.

También instruyó al ministro público a que no considere la prescripción del delito, pues señaló que la querella contra los tres funcionariados fue ingresada por los denunciantes cuando supieron de los hechos que posiblemente constituyen el delito, además de que la víctima es un menor.

Ello, debido a que la defensa de uno de los denunciados señaló que la demanda fue iniciada en enero de 2018 contra Ricardo Zárate Ramírez, exencargado del CEAR (que ya fue vinculado a proceso por el delito de discriminación agravada), mientras que contra los demás se concretó hasta marzo de 2018.

Durante la audiencia, los abogados de los tres acusados señalaron que el actual del instituto fue para salvaguardar la integridad del menor, ponderando el derecho sobre el derecho al deporte.

Sin embargo, el juez apuntó que en su resolutivo el ministerio público no aportó elementos para determinar que la medida de impedir a Ángel Daniel nadar en clases ordinarias tuvo ese fin. Tampoco acreditó que se decidió prohibirle el entrenamiento con niños sin discapacidad porque el infante no seguía indicaciones, como dijo la defensa, que aseveró que no se trató de una exclusión.

Montaño Olvera indicó que la representación social tiene la carga de la prueba, por lo que debe acreditar con información clara, a través de actos de investigación, que no se está frente a un delito.

Tras la audiencia, Neptalí Reyes Bolaños y María Zorayda Robles, padres del menor, así como sus asesores jurídicos, acusaron  que tanto el ministerio público como el representante coadyuvante, que envía el DIF, quien acude para la salvaguarda del interés superior del menor, se colocaron del lado de los denunciados, lo que señalaron como procesalmente incorrecto.

DatoAcro

  • Tras su salida de la sala IV de los juzgados de Pachuca, Baños Pérez aseveró que es “una persona de leyes” y que respetará las determinaciones que se tomen el órgano jurisdiccional.
  • Ángel Daniel comezón a nada en clases ordinarias en mayo de 2018, pero fue excluido de ellas tras el cambio de entrenador y de encargado del CEAR.
  • A Sainos Muñoz los padres la acusan de negarse a dar clases a su hijo, pues argumentó no tener la preparación para entrenar al niño con Síndrome de Down.
  • A Trinidad Martínez Mendoza lo señalan de atentar contra la dignidad del infante y poner en riesgo su vida al someterlo durante una hora a una prueba con niños  mayores y con mayor de nado que él. Señalaron que ello no tuvo la intención de  colocarlo en algún grupo, sino de que desistieran de mantenerlo en clases inclusivas.
  • Afirmaron que de todo ello estaba entrada la titular del Inhide, quien convalidó el actuar de sus subalternos y ratificó la negativa de que infante nadara con infantes son discapacidad.
Gerardo Ávila
Gerardo Ávila
Fotoreportero de revista Acrópolis

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