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Exige ONU-DH esclarecer asesinato de Chuy en Atitalaquia;

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Bañuelos Acevedo, Chuy, cometido el 20 de junio de 2022, en las inmediaciones del basurero de Atitalaquia, al que un grupo de ciudadanos se opone.

Llamó a las autoridades estatales y federales a conducir una investigación “pronta e imparcial” para esclarecer el crimen, en la cual se tome debidamente en cuenta la labor de defensa de los derechos humanos ambientales que realizaba de la víctima, y que logre identificar y sancionar tanto a los autores directos del asesinato como a sus autores intelectuales.

El asesinato del señor Bañuelos Acevedo es otra trágica evidencia de la grave violencia que busca acallar las voces de quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales en el país y promueven el derecho al medio ambiente como un bien de toda la sociedad”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

El órgano recordó que los ambientalistas mantenían un plantón en los accesos al relleno como parte de su protesta contra la operación del lugar, a la que acusaron de causar daños ambientales en la zona.

“Cabe recordar que el Estado tiene el deber primordial de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras del medio ambiente, sin importar quien sea el perpetrador”, añade el ente en un comunicado.

Consideró que las empresas y el sector privado, “que son cruciales para el desarrollo socioeconómico”, también pueden jugar un rol importante para reforzar el reconocimiento de las tareas de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente; para promover la comunicación y transparencia con las comunidades locales potencialmente afectadas por el impacto de sus proyectos, así como para reparar cualquier daño y garantizar la no repetición.

“Es ante estas circunstancias que se revela la importancia de la efectiva aplicación del Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por México, que consagra la protección de las personas defensoras ambientales como una obligación prioritaria del Estado, pues para gozar del derecho al medio ambiente sano, se debe proteger a quienes lo defienden”, apuntó Fernández-Maldonado.

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