Sandra Uribe.

 

A poco más de tres años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, a Jesús Murillo Karám lo persigue el dolor de las víctimas, el encubrimiento de la verdad y un proceso judicial plagado de irregularidades que va desde la siembra de pruebas, hasta declaraciones de culpabilidad obtenidas bajo tortura por la PGR, cuando fungía como su titular.

Violencia sexual, asfixia, golpes, choques eléctricos y amenazas psicológicas; son algunos de los elementos de tortura identificados en el informe “Doble Injusticia” presentado el día 15 de marzo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, respecto a las detenciones realizadas en torno al caso Ayotzinapa.

Foto: Redes

Foto: Redes

De 129 detenidos por el caso de Ayotzinapa, el informe da cuenta, que en al menos 51 casos se aplicó algún tipo de tortura a los detenidos y en 34 casos, se detectó la participación de elementos de la Marina, la Policía Federal Ministerial, la Policía Federal y elementos de la SEIDO.

 

Detenciones arbitrarias.

Entre las 34 carpetas analizadas, la ONU encontró 5 casos en los que las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial y en 4 de estos, los detenidos “confesaron” pertenecer a asociaciones delictivas o haber participado en la desaparición de los estudiantes.

Las detenciones se caracterizaron por las demoras en las puestas a disposición y en algunos casos las autoridades aprehensoras retuvieron a los sujetos más de 24 horas antes de presentarlos al Ministerio Público.

En 27 casos, la unidad aprehensora dictaminó que la detención se habría llevado de manera pacífica, sin embargo, los informes médicos indicaron que los detenidos presentaban múltiples lesiones e indicios de tortura.

La ONU-DH, identificó irregularidades entre las unidades aprehensoras registradas en las carpetas de investigación y las relatadas en los testimonios de los detenidos. Se documentaron también, dos casos en los que ni siquiera hay registros sobre las circunstancias en las que ocurrió la detención.

Nueve detenidos que se declararon culpables “de manera espontánea” y por voluntad propia, presentaron graves lesiones después de ser aprehendidos.

 

Tortura.

De acuerdo al informe, todos los casos de tortura, se registraron después de que la PGR, tomara las investigaciones sobre Ayotzinapa, principalmente por elementos de la SEIDO (agencia adscrita a la Procuraduría). La tortura se llevó a cabo en las instalaciones de la PGR y de la SEIDO, en los traslados, así como en casas y terrenos baldíos sin identificar.

 

“Nos llevaron a Iguala, y nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar un pozo diciéndonos que esa era nuestra tumba. Me empezaron a golpear y me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado, un balazo me lo tiraron a la cabeza, pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado, diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron y de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que me iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”

-Testimonio de Osvaldo Ríos.

 

El informe sugiere que los principales métodos de tortura que declararon haber sufrido los detenidos coinciden con los que se han identificado en México por organismos internacionales de derechos humanos a lo largo de varios años:

  • Violencia sexual: Penetración anal en al menos tres casos de hombres procesados, toques eléctricos en genitales, pezones y ano.
  • Psicológicas: Amenazas de muerte contra el detenido o su familia.
  • Golpes: Con el puño, patadas y con armas, en diferentes partes del cuerpo.
  • Asfixia: Introduciendo la cabeza del individuo en bolsas plásticas.
  • Ahogamiento: a través de trapos en la cara seguido del derramamiento de agua.

El Alto Comisionado de la ONU-DH informó que la PGR fue alertada por distintas organizaciones de derechos humanos respecto a los casos de tortura, en tanto que cualquier declaración obtenida a través de estos métodos, debió ser extraída del expediente y de manera expedita las autoridades están obligadas a iniciar un proceso. Sin embargo, no existe hasta ahora registro de una sola carpeta abierta.

Inadmisibilidad de las declaraciones

El relator especial sobre la tortura ha señalado que toda declaración que sea presentada bajo los indicios de tortura, deberá ser excluida de oficio.

19 personas incluidas en el informe que se declararon culpables, tenían una idea muy vaga de los cargos que se les imputaban; por ejemplo, en el caso de Jesús Parra afirmó que, aunque en su declaración se constata que tuvo un abogado, ni siquiera se le permitió leer el documento que firmó.

17 personas declararon a la ONU-DH haber sido amenazadas por el Ministerio Público adscrito a la SEIDO, incluso frente a su defensor de oficio.

 

“La verdad histórica” El río San Juan.

La verdad histórica de la PGR, se fundamentó en el “hallazgo” de bolsas plásticas con cenizas y restos óseos en el río San Juan, sin embargo, la ONU-DH documentó que la diligencia de reconstrucción de hechos fue conducida en violación al debido proceso y las garantías judiciales.

El caso de Agustín García, ampliamente documentado por el informe, revela que fue capturado arbitrariamente y torturado; además, previo a la diligencia oficial, fue trasladado al basurero de Cocula, sin el registro adecuado para ser interrogado sin presencia de su abogado.

Dichas diligencias son claves en el caso Ayotzinapa, ya que, en torno a esto, las autoridades presentaron una versión oficial en lo que se refiere a la identidad de los supuestos perpetradores del crimen y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos.

 

Violaciones al derecho de presunción de inocencia.

Durante las conferencias de prensa realizadas por Murillo Karam entre octubre del 2014 y enero de 2015, el entonces procurador de justicia presentó frente a medios de comunicación, distintas fotografías y videos de los detenidos, con los que la PGR validaba la versión oficial de los hechos; violando de esta manera el derecho de presunción de inocencia.

La Corte IDH ha encontrado violaciones a la presunción de inocencia en la exhibición en medios de comunicación, cuando se presenta a la persona detenida como autora del delito sin haber sido procesada ni condenada.

Jesús Murillo Karam, fue Procurador General de la República durante el periodo en el que las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa desembocaron en la “verdad histórica” que él mismo promulgó en enero de 2015.

Sin embargo, la versión de la quema de los estudiantes en el basurero de Cocula, maquinada por Murillo Karám, se derrumba con las irregularidades señaladas en el presente informe, ya que se ha sustentado a lo largo de tres años y medio en torno a las violaciones señaladas en las diligencias del Río San Juan y a las confesiones obtenidas a base de tortura.

 

Juicio político

En 2015, las bancadas de oposición interpusieron un recurso en la Cámara de Diputados para llevar a juicio político a Jesús Murillo Karám, alegando que la actuación de Murillo Karám al frente de las investigaciones del caso Ayotzinapa como titular de la Procuraduría Federal de Justicia, rebasó la incompetencia e insensibilidad política, sino que en su desempeño se materializaron violaciones legales graves que atentan directamente con lo establecido en la carta magna mexicana.

Legisladores y expertos en derechos humanos, señalaron incluso, que Karám había incurrido en una violación directa del Estado de Derecho, al declarar públicamente la culpabilidad de un ciudadano mexicano, ya que, dicha determinación compete únicamente a un fiscal.

Sin embargo, a pocos meses de que culminé la LXII legislatura, los representantes populares, mantienen la discusión congelada y 4 años después de lo ocurrido, el político hidalguense goza de libertad en el exilio político.